El certificado de antecedentes penales es, probablemente, el documento más solicitado, y más malentendido, en los procesos de selección españoles. La confusión habitual es asumir que, si el candidato firma un consentimiento, la empresa puede pedirlo sin más. La realidad legal es mucho más restrictiva.


Por qué no basta con el consentimiento del candidato

Los datos sobre condenas e infracciones penales son una categoría especial de datos según el artículo 10 del RGPD. Su tratamiento solo es lícito cuando existe una norma con rango legal que lo autorice expresamente para ese puesto; el consentimiento del candidato, por sí solo, no sustituye esa habilitación legal. Es exactamente el mismo razonamiento que aplica el revisado marco de protección de datos en toda la Unión Europea, pero en España la AEPD lo ha

convertido en un criterio de sanción activo.


El caso que marcó un antes y un después: Amazon Road Transport Spain

En el expediente PS-00267-2020, la AEPD sancionó a Amazon Road Transport Spain con 2.000.000 de euros por exigir a sus repartidores certificados de antecedentes penales sin que existiera una base legal que lo permitiera para ese tipo de puesto. La resolución confirma que ni el tamaño de la empresa ni la buena intención de “verificar la idoneidad” del candidato son una defensa válida frente a una exigencia de datos penales sin fundamento legal.


Sectores donde sí existe una habilitación legal clara

  1. Seguridad privada: el artículo 28.1.e de la Ley 5/2014 exige carecer de antecedentes penales por delitos dolosos para obtener la habilitación de vigilante de seguridad. Importante: esta verificación corresponde al Ministerio del Interior en el momento de conceder la habilitación, no a la empresa contratante por su cuenta. El Tribunal Supremo lo confirmó en su Sentencia 435/2022, de 12 de mayo, al resolver que una empresa de seguridad privada no podía exigir ni recabar este certificado de forma independiente.
  2. Actividades con menores: rige el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, una figura distinta (ver el artículo dedicado a la LOPIVI).
  3. Función pública y roles sujetos a normativa de blanqueo de capitales: con habilitaciones específicas propias de cada normativa sectorial.


La pregunta que todo responsable de RR. HH. debería hacerse

Antes de pedir este certificado, la pregunta correcta no es “¿el candidato está dispuesto a dármelo?”, sino “¿existe una norma que me autorice a exigirlo para este puesto en concreto?”. Si la respuesta no es claramente afirmativa, lo prudente es no solicitarlo, o sustituirlo por una autodeclaración voluntaria del candidato, documentada como tal.


Ver también: la página pilar [Human Risk y Background Checks en España: la guía de referencia 2026], [Cómo solicitar el certificado de antecedentes penales en España: pasos, coste y plazos] y [RGPD, LOPDGDD y AEPD: el marco legal de los background checks en España].