Nada ilustra mejor los límites legales de un background check en España que los casos reales en los que la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto sanciones. No son advertencias teóricas: son multas ya pagadas por empresas que operan en el mercado español.


Caso 1: Amazon Road Transport Spain — 2.000.000 de euros

En el expediente PS-00267-2020, la AEPD sancionó a Amazon Road Transport Spain con 2.000.000 de euros por exigir a sus repartidores certificados de antecedentes penales sin que existiera una norma legal que autorizara esa exigencia para ese tipo de puesto. La resolución subraya un principio central de todo este marco: los datos penales son una categoría especial, y ni el consentimiento del trabajador ni la intención declarada de “verificar la idoneidad” bastan para legitimar su tratamiento sin una habilitación legal expresa.


Caso 2: consulta de ASNEF a un candidato — hasta 70.000 euros

En el expediente EXP202103933, la AEPD sancionó con 70.000 euros (reducidos a 42.000 euros por pago voluntario) a una empresa que consultó el fichero de morosos ASNEF de un candidato a un puesto de abogado antes de la entrevista. El caso confirma que el artículo 20.1.e de la LOPDGDD protege también a los candidatos, no solo a los consumidores habituales de crédito, frente a consultas de solvencia sin base legal.


Caso 3: vigilantes de seguridad — Tribunal Supremo, Sentencia 435/2022

Aunque no es un expediente de la AEPD sino una sentencia del Tribunal Supremo, el fallo de 12 de mayo de 2022 confirma el mismo principio desde otro ángulo: ni siquiera en un sector con habilitación legal explícita, como la seguridad privada, puede la empresa contratante recabar por su cuenta los antecedentes penales del candidato. Esa verificación es una función administrativa reservada al Ministerio del Interior.


El patrón común a los tres casos

En los tres casos, el elemento común no es la mala fe de la empresa, sino la ausencia de una base legal específica antes de solicitar o consultar el dato. Ninguna de las tres empresas actuó con intención de infringir la ley; todas asumieron, incorrectamente, que la utilidad o la relevancia aparente de la información justificaba su obtención.


La lección práctica

Antes de solicitar cualquier dato sensible de un candidato (penal, financiero, o de categoría especial), la pregunta debe ser siempre la misma: ¿existe una norma que me autorice a pedir esto para este puesto en concreto? Si la respuesta no es un “sí” claro y documentable, el riesgo de sanción es real, y como demuestran estos casos, se mide en decenas de miles a millones de euros.


Ver también: la página pilar [Human Risk y Background Checks en España: la guía de referencia 2026], [RGPD, LOPDGDD y AEPD: el marco legal de los background checks en España] y [ASNEF, RAI y Registro Público Concursal: qué puede consultar (y qué no) un empleador en España].